No existe nada más absurdo que la Resolución dirigida a todos los Jueces dictada por la Presidenta de la Sala In-Constitucional del Tribunal Supremo de In-Justicia Luisa Estela Morales. Trata nada menos que de la "restricción temporal" de "todas las medidas ejecutivas cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda o habitación, aun existiendo sentencia definitiva".Es decir, si una persona es propietaria de un inmueble habitacional, y ésta ha decidido alquilarlo, pero el inquilino que habita en el inmueble tiene más de 2 meses sin pagar el canon de arrendamiento acordado, el propietario (dueño legítimo del inmueble), no puede solicitar ninguna medida judicial que implique el desalojo del habitante o poseedor del mismo.También puede suceder que un inmueble habitacional sea invadido, de igual forma no puede el propietario solicitar ante un tribunal una medida de desalojo, ya que están suspendida temporalamente todas estas medidas. Y en el caso que ya una sentencia hubiese decretado la medida de desalojo, esta no se puede ejecutar. En otras palabras, no se puede sacar al moroso e irresponsable que habita en el inmueble por ninguna de las causales establecidas por la Ley.
Lo más aberrado de todo es lo siguiente: "La presente decisión sobre las medidas ejecutivas o cautelares no significará la paralización de las causas en curso, ni alterará la suerte de las sentencias pasadas con fuerza de cosa juzgada". Entonces cabe hacernos esta pregunta: ¿para qué vamos a ir a un Juicio si la decisión no puede ser ejecutada?
Esta restricción basada supuestamente en la Emergencia Nacional decretada por el Ejecutivo debido a las fuertes lluvia que generaron desastres desde el pasado mes de diciembre lo que hace es aumentar más la crisis habitacional y económica del país. No obstante, la medida dictada viola y afecta gravemente el derecho de propiedad consagrado en la Constitución y deja en estado de indefensión al propietario legítimo del inmueble, ya que su pretensión, a pesar de estar ajustada a derecho e incluso tener la razón, no podrá concretarse. No les quedará otra opción a los propietarios que tomar la justicia por sus propias manos para hacer valer sus derechos, ya que el Estado no es capaz de proteger ni garantizar los derechos establecidos en la Constitución.
En fin, pareciera que el Estado estuviese haciendo todo lo posible por acabar con el Ordenamiento Jurídico y dejar a la suerte de las personas la solución de los problemas. Yo personalmente considero, que cuando no existe Estado de Derecho, los individuos pueden acudir a cualquier medio para hacer valer sus pretensiones y defender sus legítimos derechos de manera justificada.
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